Hace pocas semanas me
acerqué a la Dirección General del Poder Judicial con la que colaboro desde
hace ya un tiempo con la única intención de entregarles mi última factura. Sin
embargo, inocente de mí, me volví a casa con una desagradable (aunque en cierto
modo, previsible) noticia: los recortes presupuestarios también nos afectarán a
partir de ahora a los traductores e intérpretes que colaboramos con ellos. El comunicado que me han entregado
dice así:
«Los recortes
presupuestarios que nos están aplicando para el año 2011 obligan a tomar la
determinación de bajar un 25% todos los gastos del año, incluidas las interpretaciones y traducciones.»
Después de «barajar
distintos precios» y de «comparar con el resto de Comunidades Autónomas» (esto
último me hace particular gracia), las traducciones pasarán a cobrarse a 0,07
€ por palabra a
partir de este mes de febrero. Siempre y cuando obviemos que estamos hablando
de traducciones especializadas y de
que las tarifas originales tampoco eran ninguna maravilla, hasta aquí todo se
puede considerar medianamente normal: hay menos presupuesto y hay que hacer
ajustes.
Sin embargo, lo de las interpretaciones sí que no tiene desperdicio:
las dos primeras horas se cobrarán a 36
€ pero, a partir
de la tercera, la tarifa
bajará a ¡20 € por hora! ¡Ah! Y han suprimido
directamente el complemento por kilometraje. ¿Quién da menos?
Bien es cierto que el día
que nos asignan una interpretación, empezamos a facturar desde el mismo momento
en que ponemos un pie en el juzgado y que, a veces, las jornadas se eternizan y
cobramos más por las horas muertas que pasamos esperando que por el trabajo
para el que realmente nos han contratado. La cuestión es que no es culpa de los
intérpretes que lo que podría ser una interpretación de una hora, se convierta
en un día interminable con su correspondiente factura cuantiosa. Y lo digo por
experiencia:
Ninguno de los días que me
han citado en los juzgados a primera hora de la mañana se ha presentado la
unidad de atestados a la hora que debía. Y claro, sin atestados no hay detenido
y sin detenido, tampoco hay interpretación. Conclusión: toca esperar. Y esa
espera genera, entre otras cosas, muchos gastos. Este día en particular pasé
diez horas en el juzgado, dos tercios de los cuales los pasé sin hacer nada.
En otra ocasión, el
abogado de oficio se retrasó una hora. Cuando por fin apareció en los juzgados,
bajamos a los calabozos para leerle los derechos al detenido y para que ambos
celebraran su primera entrevista, a mitad de la cual solicitaron la presencia
del abogado en otro caso que no requería intérprete, y allí me dejaron. En el
calabozo. Durante dos horas. Pasando por alto la falta de respeto que supone
tanto hacia mí como hacia el acusado (ante todo somos personas) me parece que
existe cierta falta de criterio en cuanto a la priorización de los casos en lo
que a reducción de gastos se refiere. Como anécdota del día: los agentes
que custodiaban el calabozo fueron de lo más amables, se apiadaron de mí y me
acogieron entre ellos. Hasta me ofrecieron una silla.
Podría hablar de otros
cuantos casos, pero me parece que estos dos ejemplos ilustran bastante bien lo
que quiero resaltar. Si las administraciones públicas desean reducir el gasto
por falta de presupuesto y no saben cómo, se me ocurre que quizá deberían
aprender a organizarse mejor desde dentro antes de solicitarnos a los colaboradores externos que trabajemos prácticamente
gratis. Estoy convencida de que así se ahorrarían más dinero del que gastan al
año en traductores e intérpretes. Evidentemente, cada cual tiene sus propias
circunstancias y es libre de valorar hasta qué punto le compensa aceptar o no
ciertos encargos. Por mi parte, tengo muy claro que no estoy dispuesta a que me
tomen el pelo.
